El Ayuntamiento de Onda bonifica el IAE a varias empresas entre el 20 y el 50%

(31 fotos) El pleno del Ayuntamiento de Onda ha aprobado en su sesión ordinaria de este miércoles la bonificación del impuesto de actividades económicas (IAE) a varias empresas. Por trasladarse a una distancia superior a 7 kilómetros del casco urbano se descontará un 20% de la cantidad a pagar a la Sociedad Anómina Minera Catalano Aragonesa.

Tendrán una bonificación del 50 % en el impuesto las siete firmas Atomix, Atomizadora, Hijos de Francisco Gaya Forés, Arcillas Atomizadas, Onda Cogeneración, Compacglass y, nuevamente, la Sociedad Anómina Minera Catalano Aragonesa, por utilización o producción de energía con sistemas de cogeneración.

El otro punto del orden del día ha suscitado más debate y era la 3ª prórroga del servicio público de recogida de residuos urbanos, traslado a planta para tratamiento y limpieza viaria. Lo continuará haciendo la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) durante seis años más y percibirá por ello 1.953.190 euros anuales, gracias al voto de calidad del alcalde, Ximo Huguet Lecha.

El único concejal de EUPV, Iván Tauste Ruiz, ha votado en contra de este acuerdo “porque el contrato no incluye cláusulas sociales, tal como se aprobó en una moción al pleno, y porque el PSOE incumple el acuerdo de invenstidura conmigo, Compromís y Onda Sí Se Puede (OSSP)”. Por motivos similares a éstos,

se ha abstenido el concejal de OSSP, Manuel Escrig Azor, mientras que el PP, con nueve concejales y concejalas, ha votado en contra. Como sólo ha habido diez votos afirmativos, el empate ha obligado a repetir la votación, que ha dado el mismo resultado, por lo que al final ha decidido el voto de calidad del alcalde.

También se han aprobado sendas mociones presentadas por OSSP para exigir a la Conselleria de Educación una segunda escuela infantil pública de 0 a 3 años, y para que el Ayuntamiento utilice energías renovables en todos sus edificios. Las dos se han votado por unanimidad.

Igualmente ha prosperado una moción del PP, con sus 9 votos y la abastención de los otros cinco grupos polñiticos, para que que revise la ordenanza de ocupación de vía pública, de manera que se facilite que los comercios puedan sacar sus productos a la calle.

No ha corrido la misma suerte la moción conjunta de de OSSP y de EUPV para declarar Onda como municipio opuesto al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), “defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social”.

Además de ellos dos, sólo ha votado a favor el nuevo teniente de alcalde de Cultura, Lluís Pastor Catalan (Compromís), desde su nuevo puesto en la parte presidencial del Pleno.

En la moción se solicitaba del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de de España su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, y la derogación inmediata con carácter retroactivo de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local para legislar en su lugar una nueva normativa enfocada al desarrollo de la economía local.

Igualmente se pedía al Ministerio de Economía y Competitividad la no ratificación del CETA  y  la suspensión de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos). Además, a este departamento se le pide en la moción que disposiciones del tipo solución de controversias entre inversores y estados (ISDS) o el Sistema Judicial de Inversiones (ICS) no sean incluidas en ningún futuro tratado de comercio  o inversiones, y sean eliminadas de los tratados actualmente en vigor; lo mismo para disposiciones sobre servicios públicos y la propiedad intelectual; evitar la participación directa o indirecta de las ETN, a través de cualquier tipo de organismo o lobbies, en los procesos reguladores o normativos de la UE y sus Estados miembros en relación con temas sociales, laborales, sanitarios, medioambientales o cualquier otra materia. Los entes reguladores públicos podrán en todo caso establecer consultas no discriminatorias con organizaciones democráticas de la sociedad civil.

En las propuestas de acuerdo se incluía que el texto ya consolidado y firmado del CETA se someta a un proceso de ratificación, en coherencia con la legalidad europea y con los precedentes de anteriores tratados de carácter mixto, teniendo que pasar, además de por el Consejo y el Parlamento Europeo, por los parlamentos de todos los países miembros de la UE y por referéndums vinculantes, ya que “el contenido del  CETA desborda las competencias exclusivas de la Comisión Europea y ha de ser por tanto considerado como un acuerdo mixto. La misma exigencia es aplicable a la ratificación del TTIP y del TISA”, según indica Manuel Escrig, concejal de OSSP.