El TSJV anula el copago en discapacidad que afectaba al Centro Ocupacional El Molí de Onda
07/10/2014 | 18:06 h
El Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJV) ha anulado el decreto del Consell de la Generalitat que establece el copago en los servicios dirigidos a mayores y personas con discapacidad, que afectaba a personas usuarias del Centro Ocupacional El Molí de Onda y el piso tutelado 'Llibertat'.
El Pleno del Ayuntamiento de Onda aprobó una declaración institucional contra este copago y trató otras dos mociones idénticas a la aprobada sobre este copago.
El quipo de gobierno también ha aumentado este año la subvención a la Asociación de Padres y Madres Nuestra Señora de la Esperanza, que gestiona El Molí.
Los magistrados del TSJV consideran que el decreto es "coactivo" y "vulnera el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa". El fallo, contra el que cabe recurso de casación, declara la "íntegra nulidad de pleno derecho" el Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell, estimando el recurso interpuesto por el comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, considera que el copago supone la imposición de una tasa, "a mayores y personas con discapacidad que no parece que sean grupos sociales especialmente favorecidos". La sentencia desestima el argumento de la abogacía de la Generalitat que alegó que el copago era asimilable a un precio público porque cumplía los dos requisitos para ello: que el servicio sea de petición voluntaria y que se pueda satisfacer a través del sector privado.
a Sala desecha el argumento del Consell porque considera que el copago se impone a un servicio que no es voluntario sino "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares" porque "se trata de servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles".
El TSJ recuerda en su sentencia que la imposición de tasas debe determinarse mediante una ley y no mediante un decreto y, por lo tanto, el Decreto del Consell que imponía el copago carece de "cobertura, infringe de manera frontal el principio de reserva de ley e, incluso en el supuesto de tratarse realmente de precios públicos, tampoco podría decirse que respetara dicho principio, no correspondiendo a la Administración de la Generalitat Valenciana sino a las Cortes Valencianas crear y regular los elementos esenciales de la tasa a percibir en el ámbito de los servicios sociales". Además, la sentencia condena a la Generalitat demandada al pago de las costas del proceso.
El recurso del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha contado con la participación de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, que ha colaborado en su redacción. Este grupo, compuesto por estudiantes y profesores de derecho que prestan asesoramiento jurídico gratuito, elaboró un informe en el que defendía la anulación del copago farmacéutico en discapacidad y que fue remitido a la Consejeria de Sanidad como alegación.
A principios de diciembre de 2013, los usuarios de residencias públicas, centros de día y de noche, viviendas tuteladas, centros de rehabilitación social, usuarios de teleasistencia o de ayuda a domicilio, comenzaron a recibir unas cartas en las que la Generalitat les informaba de la cuantía que debían copagar. El montante, que estaba en relación a la renta de la unidad familiar y no a la capacidad económica del usuario, suponía pagar un porcentaje del coste de la plaza del centro que en algunos casos alcanzaba hasta el 90% del total.
Ante las limitaciones económicas que esto suponía para los hogares, las entidades comenzaron una serie de protestas que les llevaron a plantear cientos de recursos de alzada contra el copago y la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el Consell, cuya sentencia se ha dado a conocer este martes.
Ni las manifestaciones (en las que participaron personas usuarias y personal del Centro Ocupacional El Molí de Onda), ni las recogidad de firmas, ni la negociación con las organizaciones de apoyo a la discapacidad sirvieron para retirar un decreto que la Generalitat sólo se planteó matizar.
